POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Mostrando la división interna de España, donde el gobierno y sus intereses jalan hacia la Unión Europea mientras que la población defiende su necesidad de ser, el 29 de marzo de 2012 una serie de manifestaciones contestarias definieron la negativa general a los ajustes laborales que pretende imponer la autoridad.
En un país con 23% de paro (5,3 millones de desempleados), una reforma que abarata el despido y unos recortes históricos de gasto público que anuncian más pobreza, la octava huelga general de la democracia no paralizó los principales servicios, aunque dejó al Gobierno de Mariano Rajoy un nítido mensaje de creciente malestar social contra sus medidas anticrisis.
Aunque el gobierno cifró en 800.000 personas los participantes en las manifestaciones, un centenar de manifestaciones en las principales ciudades de toda España pusieron el colofón al primer pulso serio de los sindicatos al Ejecutivo del PP cuando aún no ha sobrepasado la frontera de los primeros cien días de mandato.
En Madrid, donde los líderes sindicales encabezaron la marcha de protesta, a la que se unieron dirigentes de IU y del PSOE, se concentraron 170.000 personas entre la plaza de Neptuno y la puerta del Sol para gritar contra la reforma laboral. Se trató de la manifestación que ha reunido a más gente de las últimas protestas convocadas por los sindicatos en la capital. Hubo casi el doble de personas que en la manifestación con idéntico recorrido y por el mismo motivo tras la huelga general contra la reforma laboral del gobierno socialista en septiembre de 2010.
El octavo paro general de la democracia, convocado por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, que representan al 75% de los asalariados en empresas con más de seis trabajadores, afectó fundamentalmente a la industria, la construcción y el transporte público de las grandes ciudades —que funcionó como en un día festivo en horas punta gracias a los servicios mínimos pactados—; tuvo una baja incidencia entre el personal de las Administraciones (apenas el 15%) y escaso seguimiento en el comercio —salvo en barrios céntricos de algunas grandes ciudades— y en la hostelería.
Por comunidades, el País Vasco, con un alto componente industrial en su actividad económica, y en general el norte de España, tuvieron un seguimiento alto de la convocatoria. Las autonomías más pobladas (Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana) también registraron un paro importante en algunos sectores productivos.
La presión de millones de trabajadores, que hicieron huelga para protestar contra la reforma laboral, no abrió ni una mínima hendidura en la posición del Ejecutivo sobre sus medidas contra la crisis. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, adelantó al mediodía que “la parte fundamental de la reforma laboral” seguirá en pie pese al paro general, y anunció que el Ejecutivo continuará con su agenda reformista
El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, avisó que, en esas condiciones, la protesta continuará: “Si el Gobierno no rectifica, habrá un conflicto social creciente. No vamos a parar hasta que no se modifique el contenido de la reforma laboral, y se hará bien patente en la celebración del Primero de Mayo”.
Antes de esa advertencia, Toxo y Cándido Méndez (UGT) ofrecieron una “mano tendida” al Gobierno y le pidieron abrir una negociación tras el 29-M para corregir la reforma laboral. No hubo respuesta positiva.
La demanda de electricidad es un termómetro instantáneo sobre el seguimiento de una huelga general. Los datos de Red Eléctrica de España revelan que ayer el consumo estuvo entre un 15% y un 16% por debajo de lo que previsto (con variaciones, según la hora del día, de entre el 21% y el 13%). El consumo fue similar al de un día festivo.
Eso sitúa el seguimiento del paro, según este indicador, ligeramente por encima del de 2010 (contra el Gobierno socialista por una reforma laboral que no rectificó), cuando la demanda cayó un 14%, pero por debajo del de 2002 (contra la reforma del Ejecutivo de José María Aznar, que acabó modificando), cuando descendió un 20,5%.
En la habitual guerra de cifras en un intento de ganar la batalla de la opinión pública, Gobierno y sindicatos discreparon al ofrecer su balance del paro.
Los sindicatos piden negociar cambios en la reforma; el Ejecutivo no acepta
Los sindicatos sostuvieron que de las tres últimas huelgas generales convocadas en España, la del 29 de marzo fue la más seguida. El Gobierno insistió en todo lo contrario, aferrándose a un dato de consumo de energía puntual.
El Ministerio del Interior, a través de la directora general de Política Interior, Cristina Díez, que se limitó a leer notas de prensa durante todo el día sobre el balance de la huelga, admitió que la “normalidad y la tranquilidad” fue la nota dominante en las protestas, aunque se registraron 176 detenciones, varias decenas de heridos y unos enfrentamientos violentos entre agentes y manifestantes en el centro de Barcelona.
En una jornada de fuerte agitación social en la calle contra el Gobierno, con España bajo la lupa escéptica de Europa y de los mercados financieros, la Bolsa siguió el ritmo de caída de las últimas semanas —el IBEX 35 bajó un 0,87%— y la prima de riesgo subió amenazante por encima de los 365 puntos. Con todos los indicadores económicos en rojo, el Gobierno ha encajado el golpe de la multitudinaria protesta contra su reforma laboral con la resignación de que esperaba un contratiempo parecido cuando decidió recortar derechos de los trabajadores para salir de la crisis.
La ministra Báñez no quiso enturbiar más las relaciones con los convocantes de la jornada de huelga y tiró de diplomacia: “Los sindicatos son actores muy importantes para la solución de los problemas de este país y confío en su responsabilidad para que den lo mejor de sí mismos”.
Sin embargo, el ultimátum es obvio: o el gobierno encuentra soluciones menos aguerridas la crisis económica o los trabajadores irán extendiendo el repudio a una determinación unilateral ideada para satisfacer arreglos continentales que pocos saben de qué van.
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