POR.- EL DODO DE HUMOR NEGRO
Sobre exagerada, y ahora tenida por chisme, la reacción del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, al informar que se detectaron aparatos de espionaje —grabadoras— en las oficinas de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política, de los líderes parlamentarios, y de legisladores de todos los partidos políticos.
Y escribo sobre exagerada precisamente porque es de todos sabido cómo se la gasta la clase grilla en eso de espiar las vidas propias y ajenas. El asunto a nuestro juicio va en otra dirección. Considerando el pobre desempeño de los congresistas mexicanos es poco probable que los “escuchas” hayan puesto en peligro la seguridad nacional y rubros por el estilo.
No obstante, tras sonar la alarma, se determinó la clausura de 25 puertas y áreas que daban acceso a los servidores de telefonía e Internet, y cuyos sellos fueron rotos por un funcionario de San Lázaro que fue despedido, pero cuyo nombre y fotografías constan en las pruebas presentadas por la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados.
Acosta Naranjo afirmó que “con los equipos detectados se grababan asuntos personales y particulares de los diputados, situación que vulnera al Poder Legislativo”.
Comentó que desde hace mucho tiempo y por las pruebas encontradas, era una práctica “generalizada, con mucha gente involucrada”.
Según información del órgano de gobierno, algunos equipos tenían una antigüedad de tres años y otros fueron renovados en los últimos meses.
Como se desprende de los datos y las acciones, los funcionaron fueron bastante tardaditos para acusar la amenaza y, en consecuencia, habría que ubicar exactamente el tipo de información “robada” y sus alcances reales.
Sin embargo, partiendo del conocimiento público de la “elevada inteligencia” de algunos diputados podemos suponer el altísimo nivel de algunas conversaciones, que podrían enrojecer a los mismos microbuseros.
Haciendo aspavientos y rasguños en las túnicas, la Cámara de Diputados presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos contra quien resulte responsable, por los delitos federales que se hayan cometido, y aportó evidencias “fuertes”, “robustas” de que ha habido la práctica de espionaje en San Lázaro.
Acostumbrado a la sospecha, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, rechazó que desde el gobierno federal, en particular desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), se hayan dado instrucciones para realizar espionaje telefónico en la Cámara de Diputados.
¿Debemos interpretar que en otras instituciones sí lo ordena Gobernación?
El borlote derivó a la presentación de una denuncia de hechos que recibió el subprocurador especial contra delitos federales, Irving Barros, contra quien resulte responsable.
El mismo presidente de los diputados no tiene claro el asunto. “¿Hasta qué grado estábamos intervenidos? No lo sabemos. Hay elementos suficientes para pensar que era una práctica generalizada. Ahora necesitamos blindar al Poder Legislativo de intervenciones ilegales, para que los diputados no estén sujetos a presiones, chantajes y delitos de este tipo”.
Desgraciadamente para los mitoteros, el peritaje de especialistas de la Procuraduría General de la República al Palacio Legislativo de San Lázaro concluyó en que no se detectaron aparatos o indicios de que se haya realizado algún tipo de espionaje telefónico.
'No se encontró un solo artefacto de escucha telefónica ilegal', señalaron de forma preliminar los especialistas de la PGR, en tarjetas que serán la base del informe que dará respuesta a la denuncia promovida por el presidente de la Mesa Directiva, Guadalupe Acosta Naranjo.
Se destaca que lo que se corroboró es que las oficinas de la Mesa Directiva, que utiliza Acosta Naranjo y las de Armando Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), fueron recientemente remodeladas.
En corto, que alguien aventó mentiras y ahora a ver cómo las recoge
No obstante, haciendo eco del mitote oficial, legisladores de diferentes partidos se sacaron de la manga las habituales acusaciones contra intereses económicos, adversarios políticos, el gobierno e, incluso, el crimen organizado, podría estar detrás de los espías.
En teoría, los diputados no deberían de estar preocupados, si efectivamente son transparentes en sus decisiones. Desgraciadamente, de ser cierta la acusación, pronto leeremos en las publicaciones amarillistas detalles de la intimidad siniestra de estos funcionarios públicos que dan mejor nota con sus ¿chistes?, que con su labor.
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