POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
Parece que el fuego amigo y los golpes colaterales de la sucesión presidencial empezaron a cobrar fuerza tanto dentro y fuera de México.
En días pasados, el último ex presidente, de extracción priísta y para muchos el responsable directo de la aniquilación del alguna vez partido de Estado, Ernesto Zedillo reclamó inmunidad legal a una corte estadounidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena de Acteal en 1997.
En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de ex presidente de México y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en dicha comunidad de Chiapas.
Zedillo interpuso a través de sus abogados la moción solicitando se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.
El ex mandatario mexicano fue acusado por una decena de sobrevivientes de la denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 tzotziles, incluyendo mujeres y niños.
Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano de “El Plan de Campaña Chiapas 94”, una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994.
La demanda fue interpuesta por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami (Florida), a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar a la corte que lo exima de toda responsabilidad.
“No es apropiado solicitar inmunidad”, insistió el abogado al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.
Kobert rechazó hacer más comentarios por no haber leído aún las 122 páginas en las que los abogados del ex presidente responden a la demanda.
El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de residencia del ex gobernante mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.
En la demanda se acusa al ex presidente Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general mexicano Jorge Madrazo Cuéllar para ocultar el papel desplegado por el Ejecutivo Federal antes y después de la masacre.
De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.
En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas de hasta 26 años de cárcel.
Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de México revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.
Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia en 2000.
La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México permitió a sobrevivientes y familiares de las víctimas conocer tales hechos, al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento.
Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros buscar justicia en Estados Unidos contra ex funcionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación.
La ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros permite a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.
La peculiaridad de la acusación es precisamente la coyuntura donde ocurrió. Después de ¡quince años! y en los ¡Estados Unidos! se remueve el pasado para exhibir públicamente la conducta de un funcionario que facilitó en mucho la transición seudo democrática hacia la docena trágica del panismo actual.
En términos jurídicos la defensa de Zedillo es bastante estúpida, considerando la figura de “inmunidad” bastante discutible en el marco del Derecho Internacional. A pesar que el actual gobierno federal hizo llegar a una nota diplomática pidiendo la consideración del fuero que goza el ex presidente. Quizás no se concreten los cincuenta millones de dólares que, se rumora, exigen los afectados, pero el trancazo mediático y el resurgimiento en la opinión pública del recuerdo de Acteal forzosamente moverá a las conciencias.
Detrás del hecho emerge una atmósfera negativa en contra a la posibilidad que el Partido Revolucionario Institucional pueda rozar el poder.
Sin pensar mal, esta querella legal no sólo busca justicia y dinero, sino un argumento más a fin de evitar que el pasado vuelva a encumbrarse.
No hay comentarios:
Publicar un comentario