POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El establishment quedó arrastrado. El primer intento de los Estados Unidos para regular la Red se derrumbó de manera aparatosa. La defensa de la libertad individual frente al interés usurero del capital corporativo mostró un músculo sin precedentes y dejo en evidencia pública universal al Partido Republicano y el pésimo cabildeo conservador detrás de la Stop Online Piracy Act, que prometía encadenar la piratería en Internet.
El viernes 20 de enero de 2012, el congresista republicano Lamar Smith, valpuleado por todos los frentes políticos posibles reculó y decidió retirar su iniciativa de la Ley SOPA (por las siglas en inglés) hasta que logre un consenso mayor dentro de sus pares.
En un comunicado dado a conocer por el representante expresó: "He escuchado las críticas y tomo muy en serio sus preocupaciones sobre la iniciativa para enfrentar el problema de la piratería en la red. Es claro que debemos tener una aproximación distinta para lidiar con los criminales extranjeros que roban y venden invenciones y productos estadounidenses".
En claro, el republicano acepta de dientes para afuera que nunca esperó una reacción adversa de increíble magnitud y que optará por otras vías que no le cuesten electores.
Horas antes al menos 18 legisladores estadounidenses habían abandonado la causa de SOPA y lavaban sus barbas fuera del cataclismo cibernético generado por el apagón de protesta que Wikipedia, Google, Yahoo, Facebook y otras empresas de Internet se unieran en franca rebeldía al control total que buscaba la mentada ley.
El proyecto de ley estaba abonado por la industria del cine y la música, con el argumento de que se procuraba una protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual. Estas industrias querían que Google y otros servicios de Internet bloquearán los sitios donde se distribuyen películas, grabaciones y otros bienes pirateados.
Las firmas de Internet sostuvieron, por su parte, que la legislación promovía la censura, y alteraba la operatividad de Internet y perjudica su capacidad para la innovación.
Sin embargo, anticipando el desastre de la propuesta, adversa al espíritu demócrata, el gobierno del presidente Barack Obama expresó su oposición a cualquier legislación que imponga censuras en Internet, protegiendo el patrimonio electoral que representan los cibernautas de los Estados Unidos.
El hecho de que la mayoría de los legisladores que abandonaron el apoyo a la iniciativa sea republicana ha sorprendido, ya que los asuntos relacionados con los derechos de autor, tradicionalmente, se han considerado una materia sin color partidista.
Antes de la protesta cibernética la iniciativa tenía 16 patrocinadores republicanos y 23 demócratas. Hasta el anuncio de Lamar Smith ya ha perdido al menos una cuarta parte de sus copatrocinadores republicanos, y sólo un demócrata, Ben Cardin, de Maryland, quien retiró su apoyo.
Poniéndose a salvo, El líder de la mayoría demócrata en el Senado de EU, Harry Reid, anunció ese mismo día que retrasaría el voto de la ley anti piratería, conocida en su versión de la Cámara alta como PIPA, tras la presión de los grandes gigantes de Internet, como Google y Wikipedia.
Reid informó que se aplazará la votación hasta que el Comité Judicial del Senado avance más en un acuerdo sobre la polémica medida.
"Hemos logrado buenos progresos en los debates que hemos celebrado en los últimos días, y soy optimista en cuanto a que podamos llegar a un acuerdo en las próximas semanas", aseguro Reid en un comunicado.
"No hay ninguna razón por la que las cuestiones legítimas planteadas por muchos acerca de este proyecto de ley no se puedan resolver. La falsificación y la piratería han costado a la economía de Estados Unidos miles de millones de dólares y miles de puestos de trabajo cada año. Sólo la industria del cine produce más de 2.2 millones de empleos".
El proyecto PIPA en el Senado, o SOPA en la Cámara de Representantes, obligaría a los motores de búsqueda, proveedores de dominios y empresas de publicidad estadounidenses a bloquear los servicios de cualquier página web que esté bajo investigación del Departamento de Justicia estadounidense por haber publicado material bajo derechos de autor y se encuentre en cualquier lugar.
Ello ha suscitado el temor de que queden bloqueadas páginas legítimas en las que los usuarios comparten contenidos.
Los fundadores de los grandes sitios de Internet remitieron hace unos días una carta al Congreso en la que argumentaron que la ley "va a crear un ambiente de miedo e incertidumbre tremendo para la innovación tecnológica, y perjudica gravemente la credibilidad de Estados Unidos en su papel como administrador de la infraestructura de claves de Internet".
En medio de las tensiones sobre la legislación, el jueves 19 de enero de 2012, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) concretó el cierre de la popular página de descargas Megaupload por un supuesto delito de piratería informática y la detención de cuatro de sus ejecutivos, entre ellos su fundador, Kim Dotcom, en Nueva Zelanda.
En respuesta al cierre en la web, que servía a más de 180 millones de usuarios y había recibido más de mil millones de visitas desde su creación en 2004, el grupo de piratas informáticos Anonymous respondió con varios ataques a las páginas del Departamento de Justicia, del FBI y la productora Universal Music, entre otras.
Veinticuatro horas después el grupo de piratas informáticos publicó por diversas redes sociales datos personales del director del FBI, Robert Muller, como parte de su "Operación Represalia" tras el cierre de la página de descargas MegaUpload.
Los datos filtrados muestran las diversas direcciones donde reside Muller, así como las de su esposa e hijas, junto a las direcciones de correo electrónico de la familia y los números de teléfono.
Anonymous ha advertido de que tomará medidas contra las actuaciones del Gobierno estadounidense relativas a limitar las publicaciones en la red.
Aparte de revelar los datos personales de Muller, los hackers han bloqueado la página de la tienda online de Warner Bros y la de la Agencia neozelandesa contra el Crimen Organizado y Financiero, que colaboró con el FBI para la detención de los fundadores de MegaUpload ayer.
Se trató, aseguró el grupo, de "el mayor ataque jamás perpetrado por Anonymous" en el que participan al menos 5 mil 635 personas.
Las autoridades acusan a Megauploud de formar parte de "una organización delictiva responsable de una enorme red de piratería informática mundial" que ha causado más de 500 millones de dólares en daños a los derechos de autor.
El FBI señaló que la operación no tiene conexión con el proyecto de ley anti piratería SOPA, promovido por el Congreso de EU, sin embargo, no resolvió dudas en cuanto a la sincronía en tiempo de la operación.
Aunque en esta primera confrontación, los cibernautas mantuvieron a raya a los legisladores, la guerra apenas comenzó e irá perfilando capítulos inéditos que moverán a una renovación general de conceptos básicos: libertad, propiedad, derechos, información e innovación.
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