POR.- EL ÚLTIMO DE LOS DODOS
No hay que confundir el derecho a la información con el derecho a la información gratuita. Eso es lo que expresa el Estado Mexicano cuando acepta ofrecer datos duros al público, pero a un costo que, en casos ordinarios, es excesivo.
En una investigación periodística preparada por El Universal, el tener derecho a información pública gubernamental puede costar dinero y mucho, a pesar de que esto inhiba las solicitudes de información que presentan los ciudadanos y se desista de querer obtener la documentación.
En el caso de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cobros van hasta los 900 mil pesos, dependiendo del tipo de solicitud de información.
Y aunque sea un peso —en el caso de solicitudes de información al gobierno federal— se debe pagar personalmente en el banco a través de una ficha que previamente debe ser impresa. Sólo se aceptan pagos en el banco HSBC.
Pero no sólo los tres poderes gubernamentales cobran por entregar información, ya que las entidades del país también tienen diferentes tarifas para otorgar documentos públicos.
De acuerdo con un ejercicio realizado por el diario nacional en varios casos que resultan controvertidos, las dependencias de gobierno han solicitado el pago con costos altos para entregar información.
Por ejemplo, para tener acceso a las copias de las nóminas de los partidos políticos, el Instituto Federal Electoral (IFE) informó que se tenían que pagar 11 mil 500 pesos, es decir, un peso por cada copia simple, en caso contrario, se dio “derecho” a hacer las consultas in situ, mediante citas a cada partido político.
También el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha pedido altas sumas, pues al solicitarle copia de las supervisiones realizadas por sus autoridades a las guarderías, de diciembre de 2006 a 2009, las copias tenían un costo de 162 mil 976 pesos y si se hubiera pedido copia certificada, para la entrega de las mismas era indispensable desembolsar 4 millones 563 mil 328 pesos.
En un principio, el instituto había clasificado como “información reservada” los datos de dichas verificaciones, luego de la tragedia ocurrida en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, el IFAI ordenó al IMSS la entrega de la información, exceptuando el estado antes mencionado, pues solamente ahí era donde se llevaban a cabo las investigaciones.
La solicitud de información número 0064101145809 aun así quedó sin efectos, pues el costo de la información era excesivo. Y en caso de querer acceso in situ era obligado hacer citas a cada delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluyendo estados de la República Mexicana.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) Refinación también ha sido una de las dependencias del gobierno federal que exige un costo alto a cambio de la entrega de la información.
El organismo descentralizado solicitó la cantidad de 315 mil 525 pesos para entregar todos los contratos relacionados con las franquicias que operan en las 32 entidades federativas. De acuerdo con la solicitud de información 18576000046111, la paraestatal respondió así a 20 solicitudes de información que pedían los listados de los contratos de estas concesiones ubicadas en varias entidades.
En la localidad de Yecapixtla, en el estado de Morelos, el municipio estableció en el 2008 un monto de 513 mil pesos 810 pesos para la obtención de 692 copias certificadas con información relacionada con salarios, prestaciones, obras públicas, licitaciones y beneficiarios de programas sociales.
Las solicitudes hechas por los habitantes de la localidad quedaron en el olvido, luego de que las autoridades argumentaran que el costo por las copias era el estipulado en la ley.
En Coahuila, el municipio de Ramos Arizpe, el ayuntamiento pidió la suma de 95 mil pesos a un ciudadano, para poder informarle sobre los gastos hechos por concepto de consumo de energía eléctrica.
La respuesta del ayuntamiento a la solicitud 00300111, fue que el costo de las copias era de 2 pesos con 70 centavos y que se requerían emitir 35 mil 200 copias.
En Hermosillo, Sonora el ayuntamiento notificó a la solicitud 00033911 que debía de cubrir la cantidad de 4 mil pesos, para obtener las facturas por el bacheo y mantenimiento de vialidades en el 2010.
Campeche respondió a la solicitud 01/0002674/11 que el ciudadano debía pagar 5 mil 862 pesos por copias de la obra de construcción, autorización de subcontrataciones emitidas, estudio de indirectos y utilidad, acta de recepción o finiquito de la obra, análisis de precios unitarios, explosión de insumos y estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra de 26 escuelas públicas.
En la Ciudad de México, las cosas no son diferentes. ¿Quiere usted conocer el Plan de Maestro del Complejo Ambiental Xochimilco, con sus anexos, contratos y convenios? Tendrá que pagar 109 mil 924 pesos. ¿Quiere conocer el contrato de arrendamiento para los trenes de la Línea 12 del Metro? tendrá que desembolsar mil 346 pesos. Estos son algunos ejemplos del costo de la transparencia en el Distrito Federal. En comparación con el precio que tiene que pagarse por cada copia en el gobierno federal —cuyo costo es de 50 centavos— en el Distrito Federal es de un peso con 50 pesos.
El costo de las copias simples está determinado en el Código Fiscal del Distrito Federal, que se aprueba año tras año en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
En octubre pasado, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Lía Limón, propuso una iniciativa de ley para reformar el artículo 240 del Código Fiscal, para disminuir los costos, sin embargo éstas aún no se han aprobado.
Los argumentos para cobrar tan altos costos en fotocopias son, según el IFE y la ALDF, porque están basados en la Ley de Derechos.
Es decir, argumentan que son los legisladores quienes han “instaurado” dichos costos en materia de acceso a la información.
Sin embargo, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2006 declaró inválidos los altos costos de las copias porque éstas inhiben el acceso a la información.
Comisionados del IFAI han señalado que varias dependencias del gobierno federal utilizan los cobros excesivos como “estrategia” para inhibir el acceso a la información, pero el solicitante puede ampararse o solicitar el acceso in situ de la información.
Desgraciadamente, frente a lo antes leído, el asunto de la información oficial posee varias aristas impensables en una democracia seria, como la que improbablemente presumimos tener.
La información es poder y aquí ese poder está vetado al ciudadano promedio simplemente por una cuestión de formas.
Las autoridades ostentan el espíritu de apertura y de respeto a ley basado en una razonamiento tramposo. Están los datos al alcance, pero tienes que pagar por ellos, aunque gracias a la tecnología y las plataformas existentes, podrían abaratar el precio.
Sin embargo, ese no es el punto. En la forma que sea el privilegio de la verdad sólo es accesible para la minoría. En una nación con más del 60% de la población en situación de pobreza a miseria absoluta, la prioridad de saber puede esperar varios siglos.
En suma, no es que no se desee informar, sino que, para variar, la burocracia únicamente entiende el mando de la cartera.
¿Este es el México democrático?.
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