POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
El Diario Oficial de la Federación publicó el 6 de septiembre de 2011 el decreto de la Presidencia de la República por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado.
El organismo brindará atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas; coadyuvará al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta materia; y diseñará y ejecutará políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos.
Dicha procuraduría se ubicará en la Ciudad de México y podrá establecer las instalaciones y mecanismos de enlace en entidades federativas; proporcionará a las víctimas u ofendidos asistencia médica, psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, así como apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.
Además brindará subsidios o ayudas previstos en los programas, entre otros, gastos funerarios, becas, compensaciones, seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas u ofendidos de delitos federales.
El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y será administrado y operado por una Junta de Gobierno, que incluye a los representantes de las secretarías de Gobernación, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Publico, Desarrollo Social, Salud y un procurador.
Asimismo, establece que la Junta de Gobierno del organismo deberá instalarse dentro de los 30 días naturales siguientes a su publicación.
Honestamente deprime la celeridad con la que Felipe Calderón atiende las formas y no los contenidos. ¡Qué triste! que en un país, hasta hace un sexenio no padecía tanta barbarie, se tenga que institucionalizar una dependencia para atender a las víctimas de una guerra decretada a espaldas del pueblo.
Están por supuestos los coros pro gubernamentales que aplaudirán la “sensibilidad del Ejecutivo” al proponer una ayuda pública a los afectados. Sin embargo, ¿es necesario sacrificar a miles de ciudadanos nada más por el fin político?. ¿Cuál es la utilidad de inventar una Procuraduría tentada a durar solo un año a causa de su circunstancial origen?.
Calderón se va perdido en la terquedad horrible y lo que haga tendrá un fin desgraciado, simplemente porque el siguiente presidente cortará cualquier herencia de este mandato. La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos será un triste monumento a la mala decisión de los mexicanos al dejar el mando en las manos peores calificadas.
La intromisión burocrática en el dolor de los necesitados es una manera estéril de devolverles el equilibrio que tenían. Desgraciadamente, la creencia presidencial en que los decretos resuelven por sí mismos las tragedias, ofrece un ridículo placebo de solución real.
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