ASUNTOS EXTRANJEROS: CHILE 2011

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

La crisis estudiantil rebasa las posibilidades gubernamentales de Chile y amenaza en convertirse en el detonante de las aspiraciones reformistas, que ven en el modelo de desarrollo económico, político, social y cultural heredado de la dictadura militar, un peso gigantesco en la construcción de una nueva sociedad democrática.

La movilización estudiantil de 2011 corresponde a una serie de manifestaciones realizadas en el país por estudiantes universitarios y secundarios chilenos desde mayo de 2011, que ee han llegado a considerar como una de las protestas más importantes dentro del regreso a la democracia.

Esta movilización, a diferencia de las anteriores, que sólo reunían a estudiantes de colegios municipales y subvencionados y de las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, ha logrado por vez primera convocar a estudiantes de colegios particulares pagados, Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y universidades privadas, es decir, a miembros de casi todo el sistema educacional chileno.

Las primeras movilizaciones nacionales fueron convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), organismo que agrupa a las federaciones de estudiantes de las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, conocidas como "tradicionales", a mediados de mayo de 2011.

Los principales voceros del movimiento universitario han sido Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC).

Paulatinamente, pero con mayor fuerza desde la primera quincena de junio de 2011, los estudiantes secundarios comenzaron a realizar tomas en sus colegios exigiendo medidas que, en su gran mayoría, provienen desde la movilización de 2006, conocida como la "Revolución pingüina". Representando a los estudiantes de Educación Media está la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES).

El movimiento ha sido considerado como uno de los más fuertes desde el retorno a la democracia y, en conjunto con otras manifestaciones ocurridas durante el segundo año del gobierno de Sebastián Piñera, han sido interpretadas como parte de un movimiento social mayor que demanda reformas sustanciales al modelo económico y político establecido durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990 y que se mantuvo por más de veinte años sin cambios sustanciales, con el fin de reducir la fuerte desigualdad de ingreso existente en el país.

Tomando en cuenta las movilizaciones anteriores y por la complejidad de la situación, ha sido la movilización estudiantil chilena más larga en la historia del país.

El petitorio oficial de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) presenta las siguientes demandas:

Reforma al sistema de acceso a las universidades que asegure la igualdad de oportunidades

Establecimiento de mecanismo de accesos complementarios a la Prueba de Selección Universitaria para personas de bajos recursos (como propedéuticos).

Acreditación de instituciones incorporando atributos como transparencia institucional, libertad de cátedra, tolerancia y pluralismo.

Garantizar condiciones de acceso y estudio para personas con discapacidad.

Aumento del gasto público en educación superior:

Entrega de fondos de libre disposición a universidades estatales.

Fondo de revitalización de universidades tradicionales, de carácter único y con énfasis en instituciones regionales y estatales.

Reestructuración de sistema de becas y créditos, asegurando becas completas a tres primeros quintiles y alternativas diferenciadas según capacidad de pago para cuarto y quinto quintil.

Extensión de becas de manutención y alimentación para tercer quintil y parte del cuarto.

Tarjeta Nacional Estudiantil gratuita y válida todo el año.

Eliminación del aporte fiscal indirecto (AFI).

Participación estatal en instituciones de educación técnica profesional.

Democratización del sistema de educación superior:

Derogación de artículos 56.e, 67.e y 75.e del DFL 2 de 2010, que prohíben la participación de estudiantes y funcionarios en órganos administrativos de las instituciones de Educación Superior.

Participación triestamental en todas las instituciones de educación superior.

Asegurar libertades de expresión, cátedra y asociación de estudiantes, docentes y trabajadores en todas las instituciones educacionales.

Fuera de este petitorio oficial, se han planteado multitud de otras demandas, entre las que destacan:

Regulación estatal que haga efectiva la prohibición del ánimo de lucro en instituciones de educación superior según lo establecido por la ley vigente.

Educación superior gratuita que asegure el derecho a la educación.

Reforma tributaria que sustente el aumento del gasto público en educación.

Renacionalización del cobre para financiar gratuidad.

Convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la actual Constitución.

Entre los puntos exigidos por los estudiantes de educación media están:

Una reforma constitucional con objetivo de fijar el Derecho a la Educación por sobre la libertad de enseñanza. Además de establecer un estado que garantice una educación igualitaria, gratis y de calidad por igual en todos los establecimientos del país.

Desmunicipalización y estatización de la educación en general, optando por un margen restante a privados pero sin fines de lucro. Todos los colegios estatales cuenten con la misma malla curricular, avalando así la igualdad.

Derogación de la Ley General de Educación (LGE), cambiando la institucionalidad de la educación pública.

Cobro de precio estudiante en el transporte público (mediante la Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE) los 365 días del año, un precio único por región y aplicada realmente a nivel nacional, es decir, todas del mismo tipo y con el chip bip! validador.

Plan para la reconstrucción de los establecimientos dañados por el terremoto de 2010, y también con esto todos los establecimientos en prioridad según el más afectado.

Mejoras para los liceos técnico-profesionales, dando mas protección a sus estudiantes en las prácticas y una fiscalización verdadera de éstas, asegurando su trabajo, un sueldo base mínimo del 80% del sueldo mínimo, mejoras en su implementación educacional.

Como propuesta económica, establecen que sea un 4,1% a un 7% del PIB utilizado en educación, según las recomendaciones de la UNESCO para una educación gratuita y de calidad (así también la OCDE), que garantizaría, por el ingreso per cápita y anual del PIB que estas medidas fueran posibles. Así también la re-estatización del cobre como aporte monetario multimillonario que sostendría este uso posible del ingreso anual

Acorde a las peticiones estudiantiles, el movimiento responde a la necesidad insoslayable de tener una educación competitiva y accesible, según sea el caso, a los jóvenes de escasos recursos.

No obstante, la legitimidad de las demandas, el gobierno de Piñera insiste en un proyecto de transformación educativa basado en la rentabilidad económica y no en el carácter de justicia social obligado.

Los enfrentamientos de las últimas semanas entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad pública simbolizan el choque de dos visiones antagónicas, una enfocada a meter s la educación en el paquete de responsabilidades estatales, y otra, rebosante de un idealismo extremo.

En esa dualidad, la amenaza de la intransigencia de las partes es un factor capaz de atraer otros sectores sociales y, efectivamente, propiciar una confrontación sin misericordia.