POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
En tanto las fuerzas de seguridad federales y estatales no alcancen el nivel de profesionalización indispensables para el servicio, las opciones concretas de alcanzar el objetivo de protección ciudadana demandado, son casi imposibles.
Los policías deben de inspirar respeto, y no la burla, el desprecio y la indignación que la gente les manifiesta por portar un uniforme con soberbia y prepotencia.
El Estado de México, gobernado por Enrique Peña Nieto, y el Distrito Federal, cuyo jefe de gobierno es Marcelo Ebrard, que son de las entidades más pobladas del país, presentan menos de 25 por ciento de avance en sus evaluaciones de control de confianza de mandos y operativos de las instituciones policiales, de procuración de justicia y centros de readaptación social.
Son 23 los estados que se encuentran en ese bajo nivel de progreso, según el más reciente informe de avances del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre de febrero pasado.
La evaluación permanente y el control de confianza de ese personal, en el ámbito municipal, se amplía a 24 estados con menos de 25 por ciento de avance, y ninguna entidad aparece con un adelanto superior a 75 por ciento.
Esa realidad que reflejan los centros de Evaluación y Control de Confianza destaca respecto a la petición que hizo el presidente Felipe Calderón a los gobernadores, el 31 de marzo de 2011, para que antes de un mes certifiquen a los altos mandos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, desde titulares hasta subsecretarios y directores e integrantes de las unidades antisecuestro de los estados.
Entre las entidades federativas con mayores índices de violencia, Nuevo León —que en lo que va del año tiene 267 ejecutados— cuenta con un avance en las evaluaciones estatales de entre 25 y 75 por ciento, al igual que Sinaloa, donde ha habido 373 homicidios.
Según la evaluación y control de confianza a nivel municipal, Nuevo León se encuentra en el mismo rango, mientras que Sinaloa baja a menos de 25 por ciento de avance.
Chihuahua —donde se presenta el mayor número de ejecuciones en el país y en este año van 991— registra menos de 25 por ciento de avance a nivel estatal y municipal.
En la misma situación está Guerrero, donde este 2011 han ejecutado a 340 personas, y Sonora, con 167 asesinados. Estos dos estados también reprueban en el ámbito municipal.
De acuerdo con el informe Avances de evaluaciones estatales integrales de control de confianza; mandos, operativos y gabinete con acceso a funciones o información sensible, el SESNSP enlistó 23 entidades con menos de 25 por ciento de avance.
También lo hizo con ocho que presentan avances de entre 25 y 75 por ciento en esa acción que incluye “altos mandos”: secretarios de Seguridad Pública, procuradores generales de Justicia, secretarios de Gobierno y secretarios ejecutivos de los sistemas o los consejos estatales de Seguridad Pública.
Sólo Aguascalientes, donde ha habido seis ejecuciones, registra más de 75 por ciento de avance.
En el nivel municipal son 24 los estados con menos de 25 por ciento de avance en la evaluación permanente y de control de confianza, ya que se suman Sinaloa y Tlaxcala, y obviamente se excluye al Distrito Federal de las 23 antes mencionadas.
Siete estados presentan avances en el objetivo de entre 25 y 75 por ciento: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Morelos y Nuevo León.
Luego que no extrañe y alarme el dato que la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes de 2006 a la fecha, de las cuales 3 mil 457 son hombres, mil 885 mujeres y en 55 casos no se proporcionó dato alguno sobre el particular.
Además, la institución informó que 8 mil 898 personas fallecidas en el mismo periodo no han sido identificadas por las autoridades correspondientes. La causas de muerte van desde accidentes en la vía pública, decesos por el padecimiento de una enfermedad y muertes violentas, señala el comunicado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que reúne los datos proporcionados por los familiares de las personas reportadas como extraviadas y les brinda orientación, a través del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas.
Asimismo, coordina acciones a escala nacional para contribuir a determinar las causas que propiciaron su ausencia, así como ubicar su paradero o destino final.
No obstante, las autoridades insisten en el decreto y con la firma poderosa para perpetuar el fracaso.
Deben existir sociedades en las que no ocurran estas irregularidades, pero en México, parece, que la justicia no tiene remedio.
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