POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL
No ganamos pa’ vergüenzas. En febrero de 2007, entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero a la fecha es inoperante, mitotera y espanta idiotas.
La normatividad fue promovida por el gobierno federal y aprobada por la Cámara de Diputados con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer. Desgraciadamente la violencia no ha cesado y los feminicidios van a la alza, gracias a los vicios “naturales” de la aplicación de la justicia en estos lares.
El gobierno no cumplió al publicar con nueve meses de retraso el reglamento respectivo, y al no haber elaborado hasta ahora el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, instrumento a partir del cual debían elaborarse una serie de políticas públicas en la materia. Sin información, ¿qué se puede esperar?.
Eso sí, anualmente, a expensas de la Ley, se asignan 30 millones de pesos, de los cuales la mitad debería ser destinada para la elaboración de dicho banco, y otro tanto para el Fondo Nacional para la Alerta de Género, mecanismo que tampoco se ha puesto en marcha y que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El pasado 12 de enero, como lo informaron los DODOS, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, lamentó que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres desechara el procedimiento para declarar una “alerta de género” en el Estado de México, ante el número de asesinatos cometidos en esa entidad, peto no por una cuestión de elemental equidad, sino para meter unos calambres a las ansias de Enrique Peña Nieto, gobernador priísta, quien se siente el próximo Presidente de la República.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009, ubicó al Estado de México en el lugar número 11 de las cifras nacionales de feminicidios, con una incidencia de 3.67 asesinatos por cada 100 mil mujeres.
Sin fallarle las rancheras, el estado de Baja California, en el cual Blake Mora fue secretario de Gobierno, ocupa el segundo lugar con una incidencia de 10.11 homicidios por cada 100 mil mujeres.
Con datos del INEGI, entre 2007 y 2009, periodo en que Blake Mora fungió como secretario de Gobierno de esa entidad, la incidencia de homicidios de mujeres se incrementó de 1.81 a 10.11, o sea, el burro andaba clamando por orejas.
El INEGI reportó que en 2009 los primeros 10 estados con mayor incidencia de este delito son Chihuahua (13.09), Baja California (10.11), Guerrero (10.07), Durango (7.10), Sinaloa (6.00), Sonora (5.09), Tamaulipas (4.51), Oaxaca (3.82), Michoacán (3.78) y Nayarit (3.69).
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares (2006) señaló que en México 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años de edad han padecido algún tipo de violencia. En 43.2% de los casos la ejerce su compañero.
La organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia asegura que en los últimos 18 años, 7 mil 765 mujeres han sido asesinadas.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó de enero del 2009 a junio de 2010, mil 728 feminicidios en 18 estados.
Y el INEGI, en sus estadísticas sobre mortalidad 2005-2009, reportó un incremento en la incidencia de homicidios de mujeres de 2.45 a 3.52.
El año pasado todos los estados del país, hicieron el tibio cuento de arreglar una ley estatal en la materia. No obstante. Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Durango, Sonora y Tamaulipas no tienen aún un reglamento que permita saber a las autoridades estatales y municipales qué acción les corresponde llevar a cabo para atender la problemática.
La ley, que entró en vigor el 2 de febrero de 2007, establece que la alerta de género funciona para establecer acciones de emergencia que permitan enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
El artículo 24 de la ley general señala: “La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y cuando las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional o internacional así lo soliciten”. La instancia encargada de declarar la alerta respectiva es la Secretaría de Gobernación.
Se han presentado tres solicitudes para que se declare la alerta de género en tres entidades del país, que son Oaxaca, Guanajuato y el Estado de México. ¿El caso? Las denuncias no prosperaron a falta de “elementos”.
Los números aquí están. Los delitos también. Las víctimas y las muertas, por supuesto. ¿Cuál es la causa del desfase?. ¿No será que efectivamente, como pueblo,.nos sentimos orgullosos de ser unos auténticos jijos de la Chingada?.
Póngale memoria.
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