POR.- ROLANDO GARRIDO ROMO
Nada nuevo bajo el sol. Fraudes y robos de identidad en diversos bancos mexicanos cuestan cientos de millones de pesos a los cuentahabientes y las “autoridades” se hacen de la vista gorda (¿o son cómplices?); sea SHCP (con su oficina de juguete llamada CONDUSEF), la PGR o la SSP.
Hay redes incrustadas en diversos bancos del país que se dedican a sustraer de diferentes formas el dinero de los cuentahabientes (personas físicas o morales), quienes a pesar de comprobar ante dichas instituciones y aún ante la autoridad judicial los fraudes de que son objeto, no se les regresa su dinero, ni tampoco el obligado pago por daños y perjuicios. En suma, en este país no hay ley. O en todo caso, es la ley de los delincuentes, cientos de los cuales trabajan a sus anchas dentro de diversos bancos, incluso en posiciones de alto nivel, saqueando el dinero de la población.
Para muestra, los siguientes ejemplos dados a conocer en la prensa nacional:
En el banco IXE una usuaria fue desfalcada cuando una persona utilizó un pasaporte falso, con sus datos, pero con una fotografía que no coincidía con la cuentahabiente. La firma era falsificada y aún así, en cuatro sucursales distintas la defraudadora (seguramente parte de una red), retiró 160 mil pesos.
A pesar de que el banco verificó que la usuaria no era la que aparecía en los videos retirando el dinero, señaló que la firma tenía los rasgos aceptables para que se pagara el dinero.
La inútil CONDUSEF, a pesar de darle la razón a la usuaria, no puede obligar al banco a pagar la suma, y el banco insiste en que se cumplieron con los procedimientos (los suyos claro) necesarios para hacer esos pagos. Como quien dice, si te defraudaron, es tu problema, defiéndete tú, yo no tengo porque proteger tu patrimonio, aunque me lo hayas confiado para evitar que algo así sucediera.
Otra, en el banco HSBC, un empleado de sistemas de la CFE junto con empleados de la institución, estuvieron estafando a la empresa paraestatal hasta por 275 millones de pesos, en supuestos “pagos de nómina”. La empresa reaccionó tarde, pero inició un proceso judicial, que hasta el momento no ha concluido, y a pesar de que ya hay personas aprehendidas, el banco insiste en que no es responsable (otra vez, si te defraudaron tu dinero, allá tú, el banco usa tu dinero, pero no se encarga de resguardarlo), y hasta el momento no ha regresado ni un centavo.
Una más, a un usuario de Bancomer le falsificaron la firma para incluirlo como obligado solidario en un crédito fraudulento, que empleados de esa institución otorgaron irregularmente a una banda de delincuentes.
En el momento en que el crédito no es pagado, el cuentahabiente que no sabe que está incluido con una firma falsa en ese crédito, queda como el único obligado ante el banco y éste, sin aviso, retira de su cuenta cuantiosos recursos.
El asunto está en litigio, pero por supuesto el banco (Bancomer), insiste en que el crédito es legal y el cuentahabiente es el obligado solidario, a pesar de que la falsificación de la firma es evidente y la operación se realizó ¡un domingo!
En todos los casos, las “autoridades” (ya da risa nombrarlas así), actúan con la rapidez de una tortuga caguama, y, en principio, no dudan de la “honorabilidad” de las instituciones bancarias, a pesar de las claras evidencias de los delitos cometidos contra los cuentahabientes.
Vivimos en México una indefensión jurídica total. En instituciones como los bancos que hemos mencionado, los delincuentes actúan con total impunidad, y las actitudes de desprecio y prepotencia de esos bancos hacia los afectados, acaban alentando a esas redes de defraudadores que saquean cientos y quizás miles de millones de pesos del sistema bancario, con la complacencia de los propios bancos y de las autoridades que se supone, están para proteger el interés de la ciudadanía, que confiadamente va (o yo diría, vamos) y les dejamos los ahorros de nuestra vida.
Dinero que es manejado por un conjunto de tipos que no tienen ninguna supervisión interna o externa sobre lo que hacen; que tienen acceso a datos personales y financieros de millones de personas y finalmente quedamos a su merced, sin ningún medio para defendernos, una vez que se ha cometido un delito en nuestra contra.
Ahora que se realiza en México el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales deberíamos reflexionar todos, sobre la necesidad de crear una instancia realmente ciudadana (eliminar a la CONDUSEF) de protección de los usuarios de la banca y servicios financieros, que en primer lugar publicitara ampliamente los fraudes de que son objeto miles de cuentahabientes todos los años, para así exhibir a las instituciones más vinculadas con estos ilícitos.
Podría asesorar jurídicamente a los afectados y presentar denuncias penales y demandas civiles en conjunto, para darles más fuerza a los usuarios de estos servicios.
Así también, podría ser una medio de presión constante sobre las autoridades para que realmente se investiguen estos casos (que insisto, son miles), y se castigue a los culpables; y también que se legisle para proteger los datos de las personas, que en estos momentos son completamente vulnerables al uso criminal que realizan redes de defraudadores, incrustadas en bancos y también coludidas con funcionarios de diversos niveles en las estructuras gubernamentales.
O los ciudadanos nos defendemos, o vamos a seguir perdiendo nuestros empleos, nuestro dinero, nuestra seguridad, ante las mafias que controlan este país.
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