sábado, 18 de septiembre de 2010

EDITORIAL: EL PRIMERO DEL BICENTENARIO

POR.- RAÚL GÓMEZ MIGUEL

16 de septiembre de 2010, el saldo del desfile militar conmemorativo del Bicentenario de la Independencia, en la Ciudad de México, fue blanco.

14.35: En el estacionamiento del mall, ubicado en las avenidas Adolfo López Mateos y Paseo Triunfo de la República, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un comando armado interceptó el automóvil en que viajaban dos reporteros gráficos de “El Diario de Ciudad de Juárez”. En ese momento, el lugar carecía de la habitual vigilancia de federales.

Luis Carlos Santiago, de 22 años, fue asesinado y su compañero herido.

Por supuesto, la reacción del periódico fue exigir una “profunda y pronta” investigación y que se detenga a los autores del atentado para “determinar si se trató de un crimen de la delincuencia común, de la organizada o incluso político”.
La habitual exigencia condenada al olvido.

Hace dos años, Armando Rodríguez “El Choco”, reportero también de “El Diario”, fue muerto. Hoy no existe siquiera una averiguación terminada. ¿Para qué?
Los reporteros y los periodistas, y que otro lector de noticias, son piezas sacrificables en el ejercicio de la información. Así lo percibe la autoridad.

La Presidencia de la República podrá decir misa, pero la sangre siguió corriendo en las “fiestas patrias”.

México está en guerra y, aunque nos movieron los títeres y hubo distracción, el orden público dista de procurar la integridad ciudadana.

La agresión a periodistas es parte de una estrategia de intimidación, de muestra del poder real de los atacantes sobre el más caro delos derechos civiles: la información.

En cualquier conflicto armado, los reporteros sólo cuentan con la protección de la credencial del medio y la suerte. Sin embargo, les queda claro la conformación de los bandos y la zona de guerra.

Aquí, la situación es rara. Los bandos se mezclan y la zona de guerra cubre el hogar de quien sea.

“La alarmante impunidad que impera en México, aunada a la autocensura generalizada a la que se ven orillados los periodistas nacionales por presiones del crimen organizado, son síntomas comparables a un país en guerra que posee instituciones corrompidas y su seguridad en riesgo”. Una cita del Comité para la Protección de los Periodistas.

En el razonamiento burocrático que priva en las instancias de la justicia nacional, el 80% de los casos denunciados de ataques a periodistas son del orden común, es decir, que no tienen que ver propiamente con su profesión, que son cosas que suceden. El 20% restante tampoco alcanza una diferencia, las pesquisas están congeladas.

El objetivo de los delincuentes es claro: callar las voces que aportan datos a la opinión pública a fin de apoderarse definitivamente de los territorios sin que se sepa nada.

El gobierno en un malentendido concepto de Seguridad Nacional limita los datos a conveniencia, dejando que las operaciones se lean fuera de un contexto real.
La primera muerte de un periodista este 16 de septiembre sólo simboliza que detrás del circo, las llamas nos están cercando.

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